Reglamento sobre taxonomía de la UE (2020/852) publicado en el Diario Oficial

El 22 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la UE el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles, conocido como taxonomía de la UE. Entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación, es decir, el 12 de julio de 2020. El Reglamento crea un sistema común de clasificación que indica qué tipos de actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles, lo que resulta relevante para la financiación de plantas de biogás, instalaciones de tratamiento de biorresiduos y estaciones depuradoras de aguas residuales.

Seis objetivos ambientales

El Reglamento establece seis objetivos:

1. Mitigación del cambio climático,
2. Adaptación al cambio climático,
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos,
4. Transición hacia una economía circular,
5. Prevención y control de la contaminación,
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Criterios para actividades sostenibles

Una actividad puede considerarse ambientalmente sostenible si:

• Realiza una contribución sustancial a, al menos, uno de los objetivos,
• No causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos (principio de "no causar un perjuicio significativo"),
• Se lleva a cabo de conformidad con las salvaguardias sociales mínimas,
• Cumple los criterios técnicos de elegibilidad que la Comisión establecerá en actos delegados.

El Reglamento también impone obligaciones de divulgación de información a las entidades sujetas a la Directiva sobre información no financiera, así como a los participantes del mercado financiero que ofrezcan productos calificados como sostenibles.

Relevancia para el biogás y los residuos

La taxonomía no determina qué tecnologías están permitidas, pero influye en el acceso a la financiación. Los bancos y fondos que deseen demostrar una alta proporción de activos "verdes" preferirán proyectos que cumplan con los criterios. Para una planta de biogás agrícola, esto implica la necesidad de documentar la reducción de emisiones, el origen de las materias primas y la limitación de fugas de metano. Para las instalaciones de fermentación de biorresiduos y estaciones depuradoras de aguas residuales, la conformidad con los requisitos de la economía circular y la protección de las aguas.

El informe de expertos del TEG (Technical Expert Group on Sustainable Finance, grupo de expertos de la UE sobre finanzas sostenibles) de marzo de 2020 indicaba los criterios para estos tipos de actividades; ahora debían trasladarse a los actos delegados.

Próximos pasos

De acuerdo con el Reglamento, la Comisión debía adoptar un acto delegado sobre los criterios para los objetivos climáticos antes de finales de 2020, y para los restantes objetivos en los años siguientes. La aplicación de las disposiciones se escalona en el tiempo: los artículos 4 a 7 y el artículo 8, apartados 1 a 3, se aplican desde el 1 de enero de 2022 en relación con los objetivos climáticos (mitigación del cambio climático y adaptación) y desde el 1 de enero de 2023 en relación con los demás objetivos (artículo 27, apartado 2). Para los inversores, esto significaba que en 2021 debía prepararse la documentación para evaluar la conformidad y, tras la publicación de los actos delegados, adaptarla a los criterios definitivos.

Controversias en torno a la taxonomía

El tema más candente durante la elaboración del Reglamento fue el papel del gas natural y la energía nuclear, así como de la biomasa. Los países con una alta dependencia del carbón solicitaban que los combustibles de transición no quedaran excluidos de la categoría de inversiones deseables. Para el biogás agrícola, era importante que el informe del TEG incluyera criterios específicos para la bioenergía, basados en los principios de sostenibilidad de la Directiva sobre energías renovables.

Qué hacer ya

A los operadores de instalaciones de biogás les conviene empezar a organizar los datos que en el futuro servirán para evaluar la conformidad: balance de materias primas, magnitud y tipo de emisiones, gestión del digestato y medidas para limitar las fugas de metano. Esta documentación resulta útil independientemente del texto definitivo de los actos delegados, ya que los bancos la solicitan cada vez con más frecuencia al evaluar el riesgo climático de los proyectos.